Por Burgos Dijital
Definición de la OMS y el Programa internacional sobre seguridad de las sustancias químicas (IPCS en inglés): “Un disruptor endocrino es una sustancia exógena, o mezcla de sustancias, que altera las funciones del sistema endocrino y en consecuencia, causa efectos adversos para la salud en un organismo intacto, o su descendencia, o (sub)poblaciones”
Ecologistas en Acción en difusión de la campaña “Democracia en venta” denuncia la influencia de los grandes grupos empresariales (los mismos que no quieren la regulación de los contaminantes hormonales) en las decisiones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP).
El grupo ecologista en su campaña de difusión ha recomendado a los consumidores la lectura de la investigación de la periodista Stèphane Horel:“Un asunto tóxico, cómo el lobby de la industria química bloqueó la adopción de medidas contra los disruptores endocrinos.” que analiza a la perfección la presión de los lobbies químico y de pesticida en el proceso de regulación de los disruptores endocrinos en Europa. En el Comité de pesticidas del día 21, los estados miembros de la UE deben votar si aceptan o rechazan la desastrosa propuesta de la Comisión para la regulación de los contaminantes hormonales, tan insuficiente para proteger a la población, que a juicio de Ecologistas en Acción sólo se explica por la presión que los grupos empresariales mantienen sobre los miembros de la Comisión. Esta propuesta pone los intereses de estos grandes grupos empresariales por encima de la salud de la población y la protección de la naturaleza.
Los disruptores endocrinos (EDC) son sustancias que se encuentran en productos de consumo de uso diario, desde plásticos y cosméticos a plaguicidas. Debido a su capacidad de interactuar con el sistema hormonal (endocrino) de los seres vivos, se sospecha que ocasionan graves efectos sobre la salud y el medio ambiente. La normativa de la UE exige la adopción de medidas y establece plazos claros para su cumplimiento. De acuerdo a estas reglas, si una sustancia se identifica como disruptor endocrino, debe prohibirse.
La exposición de los seres humanos a los disruptores endocrinos (EDC por sus siglas en inglés) se ha asociado con enfermedades tales como infertilidad, cáncer y obesidad. El coste sanitario de este serio problema de salud pública se ha calculado recientemente en €157.000 millones anuales solo en la UE . Actualmente las sustancias químicas se evalúan siguiendo los procedimientos de evaluación de riesgos para establecer niveles de exposición seguros. Sin embargo, en el caso de los disruptores endocrinos, puede que sea imposible establecer niveles ‘seguros’. Por ello los lobbies que representan los intereses de las corporaciones e incluso eurodiputados que también representan esos intereses utilizan la técnica del cuestionamiento de las hipótesis científicas, desacreditar la ciencia independiente, promover los estudios de la industria como la única ‘ciencia fiable’ y presionar a otras Direcciones Generales en la Comisión para que se
enfrenten a Medio Ambiente y crear alarma sobre el daño económico que la industria sufriría; Están presentes en productos de uso generalizado como plaguicidas, plásticos, cosméticos, alfombras, ordenadores y materiales de construcción. Llegan así a los alimentos, aire, polvo, ríos, océanos, animales silvestres y … a nuestros cuerpos. Un ejemplo de EDC, el bisfenol A (BPA), ya ha sido prohibido en la fabricación de biberones en la UE debido a posibles riesgos para la salud. En 2013, un importante informe subrayó la urgencia de adoptar medidas respecto a los EDC.
Desde el tabaco en la década de 1950 al cambio climático en la actualidad, existe una larga historia de intentos de la industria de “fabricar dudas” acerca de la evidencia científica que demuestra los efectos perjudiciales de sus productos. Una manera de hacerlo por ejemplo, es financiar estudios que señalan otras posibles causas para estos efectos perjudiciales. La industria entonces afirmaría que sus estudios tienen ‘seriedad científica’, mientras los estudios inconvenientes serían etiquetados como ‘basura científica’ (otras variaciones son: ‘sin base científica’ o ‘sin evidencia científica’). Con la llegada del TTIP, la industria está reciclando esta falsa idea de ‘solidez científica’ para montar un ataque constante contra el sistema de seguridad alimentaria de la UE, incluyendo el principio de precaución. La Cámara de Comercio norteamericana (AmCham EU) está también muy presente en el Parlamento Europeo como lobby y vigila muy de cerca las políticas del continente.
Los principales lobbies interesados en la utilización de estas sustancias perjudiciales son los de química y de plaguicidas (CEFIC y ECPA), y las corporaciones a la cabeza del lobby fueron BASF y Bayer. Pero también han encontrado aliados en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo; se encargan de evitar que la UE adopte medidas acerca de los EDC, poniendo en peligro de manera directa la salud pública y el medio ambiente. Los lobbistas son antiguos funcionarios de la Comisión o europarlamentarios, o empleados del Parlamento o del Consejo. Por lo tanto, están en una buena posición para hacer lobby entre sus antiguos colegas y conocen el funcionamiento interno del sistema. Las puertas giratorias pueden también operar en la dirección contraria, cuando alguien de la industria pasa a ocupar un cargo clave en un organismo público. Un ejemplo de entre muchos sería el caso de Ralf Burgstahler que comenzó en la multinacional BASF y pasó a trabajar en la Comisión Europea en REACH (normativa que BASF pretendía socavar), luego ocupó un cargo en el Ministerio de asuntos económicos alemán, y ahora ha vuelto a trabajar en BASF como lobbista para los plastificantes (como ftalatos, conocidos disruptores endocrinos).
Por si fuera poco el trabajo de estos lobbies también se encuentran las empresas de defensa de productos que se dedican al (enorme) negocio de adaptar y distorsionar la ciencia para que sea del agrado de sus clientes. Estas empresas emplean científicos para realizar estudios, producir datos que se ajusten a intereses del cliente, o para criticar otros estudios que no lo hacen. Con respecto al TTIP, Tratado Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión desde EEUU, el Consejo químico norteamericano (ACC) y CropLife America (CLA) escribieron a la Oficina norteamericana de seguridad química y prevención de la contaminación (OCSPP) a finales de 2012, para expresar su “grave preocupación” respecto a que los criterios de la UE sobre EDC “tendrían consecuencias negativas y de gran alcance en el comercio global”Advirtieron que la adopción de la UE de un enfoque que difiere tan sustancialmente con el de EE. UU. “probablemente establecería precisamente la clase de barreras regulatorias que un potencial Acuerdo de libre comercio entre la UE y EE. UU. pretende abordar”
En 2013 La Secretaria General de la Comisión, Catherine Day (cercana a los intereses de la industria) escribió una nota dirigida a Karl Falkenberg y Paola Testori Coggi, los Directores Generales de Medio Ambiente y Salud y Consumidores respectivamente, donde les ordenó que trabajaran juntos sobre los criterios aplicables a los EDC, exigiendo que la propuesta “debía estar respaldada por una evaluación de impacto que incluyese una consulta pública sobre las diversas opciones de criterios y sus impactos”.
Como la Comisión lo reconoció más tarde, el lobby de la industria y la carta de los científicos habían sido los factores decisivos para esta maniobra; Con esta decisión de poner en marcha una evaluación de impacto, la Secretaria General de la Comisión por sí sola había complicado el trabajo sobre EDC de la DG de Medio Ambiente. Sin mencionar que con la evaluación de impacto el proceso sería demorado en la práctica durante un período de tiempo indefinido independientemente del plazo legal: La industria había logrado ganar el tiempo que necesitaba para socavar los criterios, y para aprovechar la dinámica desregulatoria de ‘libre comercio’ que le brindaban las negociaciones entre la UE y EE. UU.
Sin embargo otros eurodiputados escribieron al presidente de la comisión europea exigiendo que los criterios científicos debían basarse en estudios científicos objetivos y no en una evaluación de impacto, que es más bien una herramienta para adoptar decisiones políticas.” “Realizar una evaluación de impacto desde el comienzo parece confundir ciencia con diseño de políticas y peligro con riesgo.”
Los principales lobbies maniobraron rápidamente y exigieron que para llegar a una “evaluación fundada” de los impactos de los criterios aplicables a los EDC, la evaluación de impacto debía ser “suficientemente detallada”, y debía explicar con claridad los impactos de cada pesticida o grupo de pesticidas en forma separada y para cada uno de sus usos específicos. Pero puesto que esto le daría una clara señal al resto del mundo de cuáles son los pesticidas que la Comisión sospecha que son disruptores endocrinos, las organizaciones “recomendaron enfáticamente” que se mantuviera fuera del conocimiento público. La aportación del gobierno norteamericano a la consulta pública redobló la crudeza al desestimar la propuesta de la DG de Medio Ambiente porque “omitía adoptar un enfoque científico”, que podría tener un impacto de – citando cálculos de las corporaciones – €65.3 mil millones en importaciones con destino a la UE (de los cuales más de €4 mil millones serían exportaciones norteamericanas).
El 20 de junio de 2014, tras meses de duras negociaciones entre la DG de Medio Ambiente y la DG de Salud y Consumidores, la hoja de ruta finalmente fue publicada. Las negociaciones del TTIP están resultando en la actualidad muy complicadas debido al debate público cada vez más crítico y a la creciente resistencia. La batalla en torno a esta política clave de salud pública y ambiental en la UE está aún muy lejos de su conclusión.
