El PP despilfarra el dinero público en reválidas innecesarias

Manifestación contra la LOMCE en Burgos Foto de archivo

Entre finales de mayo y principios de junio se han llevado a cabo las pruebas externas de 6º Primaria y 4º ESO en una muestra de centros de la región. Diversas organizaciones de trabajadores y estudiantes, desde la implantación de la LOMCE, vienen denunciando estas pruebas a las que se oponen por diferentes motivos. El sindicato que se ha mostrado más combativo respecto a este nuevo cambio en el sistema educativo ha sido CGT, el cual alerta que estas pruebas no solo son innecesarias porque sus resultados no aportan nada que no sepa el profesorado tras un curso entero con el alumnado, sino que además pueden condicionar la práctica docente hacia la preparación de un examen que acaba suponiendo una presión añadida sobre al alumnado y supone el empleo injustificado de tiempo y dinero.

Al parecer, el Partido Popular de Castilla y León no solo es el alumno más aplicado en la implantación de la LOMCE, sino que además aprovecha para continuar con su desmedida obsesión por la entrega de dinero público a las empresas privadas de servicios, incluso cuando el servicio no causa ningún tipo de beneficio a los ciudadanos. En este caso, también ha recurrido a la privatización parcial de las correcciones de las pruebas, aunque según fuentes sindicales se trata de una contratación ilegal.

Las órdenes que regulan la realización de dichas evaluaciones finales establecen que su corrección recaerá sobre funcionarios docentes externos a los centros objeto de la prueba. Sin embargo, la Consejería va a encomendar la corrección de las preguntas de respuesta directa a una empresa privada.

Representantes de CGT-Enseñanza denuncian esta situación porque va en contra de las órdenes que al respecto se publicaron hace poco más de un mes y porque además supone un nuevo ejemplo de privatización de servicios públicos, pagando precisamente a una empresa por corregir aquella parte que menos trabajo supone, que son las preguntas de respuesta cerrada..

En contraposición se exige que su corrección sea llevada a cabo por funcionarios docentes, tal y como se ha establecido normativamente, y que dicho profesorado sea compensado económicamente tal y como tiene intención de hacer Fernando Rey con la correspondiente empresa privada. Y en última instancia que las reválidas desaparezcan definitivamente.

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