Por Amnistía Internacional Burgos
El pasado mes de Octubre de 2017, el Procurador del Común de Castilla y León, remitía al Grupo de Burgos de Amnistía Internacional (AI-Burgos) contestación ante la queja interpuesta por la ONG de Derechos Humanos, ante la reiterada falta de respuesta por parte del Consistorio burgalés a las solicitudes de información sobre el arma de electrochoque tipo “Taser” adquirida por el Ayuntamiento de Burgos en Diciembre de 2014.
Desde su adquisición el Grupo de Burgos de AI, ha recomendado al Ayuntamiento la no utilización del arma, por su peligrosidad y potencial letalidad, solicitando de igual manera información sobre el protocolo de utilización adoptado por la Policía Local para su uso.
Ante la reiterada falta de respuesta por parte del Ayuntamiento ante las cuestiones planteadas en Enero, Marzo y Octubre de 2015, y Abril de 2016, la organización de Derechos Humanos, puso en conocimiento del Procurador del Común la ausencia de respuesta municipal.
En el escrito recibido a finales de Octubre de 2017 por AI-Burgos, el Procurador del Común cita la respuesta del Ayuntamiento de Burgos “al día de la fecha, (entorno a Septiembre 2017) se está realizando un estudio para la elaboración de un protocolo de utilización del inmovilizador eléctrico Taser”. A juicio de la Amnistía Internacional, “resulta poco alentador que 3 años después de su adquisición todavía no existan unas normas de uso, de un arma tan peligrosa, para los agentes locales de Burgos”.
A día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin dar respuesta a las reiteradas, hasta en cuatro ocasiones, peticiones de AI-Burgos, manifestadas incluso en el Pleno Municipal. En concreto
• ¿Qué evaluación se ha hecho de los peligros que entraña el uso de armas “taser” antes de autorizar su uso por parte de la Policía Local?
• ¿Qué formación específica han recibido los agentes habilitados para utilizar este tipo de armas?
• ¿Qué tipo de instrucción han recibido los agentes sobre los riesgos médicos que puede generar la utilización de dispositivos de electrochoque?
• ¿Y sobre los motivos de preocupación que suscitan desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos?
• ¿Qué mecanismos independientes de evaluación de su uso se han previsto?
Amnistía Internacional ha documentado cientos de casos de muerte bajo custodia relacionados con la utilización de este tipo de armas. Amnistía Internacional (AI) recomienda que el uso de este tipo de armas por parte de las fuerzas de seguridad se evite, o se limite estrictamente su uso a situaciones en las que la alternativa sería el uso de la fuerza letal.
