Distopía educativa. Educación distópica

Por el Bagauda

Enemigo de la desigualdad social, no me limité a lamentarla en sus efectos, sino que quise combatirla en sus causas, seguro de que de ese modo se ha de llegar positivamente a la justicia, es decir, a aquella ansiada igualdad que inspira todo afán revolucionario.

No puedo por menos que comenzar con la pasión y la clarividencia de uno de los más importantes pedagogos europeos del s. XX: nuestro Francisco Ferrer i Guardia.

Creador de la escuela moderna en los albores del siglo pasado, a poquito que se ojeen sus experiencias y enseñanzas o avancemos en el tiempo para comprobar la aparición crítica de muchos otros modelos pedagógicos alternativos a los impuestos masivamente por los estados, ahora se recupera de nuevo a Freinet o a Montessori, nos daremos cuenta que a día de hoy el sistema educativo estatal en sus inercias rígidas, burocráticas y conservadoras se encuentra en un callejón sin salida.

Los años han ido pasando y la educación pública en España no ha sido más que un campo de batalla partidista, un tema recurrente en la “actualidad” diseñada en las agendas mediáticas a golpe de ranking PISA y la excusa de discusión de bar entre l@s tertulian@s mercenari@s del espectáculo televisivo de turno con cada nueva reforma legislativa.

Los años han ido pasando y uno de los principales pilares que deberían de consolidar los principios de igualdad social y de justicia se ha ido destrozando a golpe de clases saturadas, sobresaturación de “deberes” y materias sobre el alumnado en contraste con una reducción del nivel de los contenidos; desprestigio social de la profesión y de la importancia de la educación y de la cultura; asfixia de la libertad de cátedra; inseguridad laboral del profesorado; condiciones materiales precarias en los centros; eliminación de la independencia de los centros ante el poder político y de la soberanía de cada comunidad educativa en la toma de decisiones importantes…

Y llegó a nuestras vidas el ya famoso coronavirus para recordarnos que no somos inmortales y que nuestro complejo y mecánico sistema civilizatorio es mucho más frágil de lo que pensábamos, que todo puede cambiar y golpear en la pequeña porción de “realidad” que compartimos de manera abrupta e inusitada en días, en horas… También nos ha desnudado y ha desvelado impúdicamente las fallas del sistema.

Si bien es cierto que nadie estaba preparado para que la educación pasara en 24 horas de las clases tradicionales a la obligada educación a distancia causada por el confinamiento, han pasado ya dos meses para comprobar que el único interés de las administraciones y de nuestr@s dirigentes es el de cumplir un calendario con finalización e inicio posterior como si nada pasara: ¡Que la máquina siga su curso!

Aquí en Castilla y León, uno de los territorios que salen mejor parados en las evaluaciones de los informes anuales PISA, la situación es absolutamente lamentable tanto para el profesorado como para el alumnado y sus familias.

Son ya muchas las quejas y protestas que la representación del sector docente han elevado ante una Consejería inerme y procrastinante pero de momento no hay respuestas ni parece que las vaya a ver. La Consejera Rocío Lucas Navas, con muchos años ya en el “oficio”, esquiva el enfrentamiento, escudándose en promesas y mostrando la soberbia a la que nos tienen acostumbrados personas que llevan ya tantos años en el poder que han convertido a la Junta en parte de su patrimonio.

Mientras tanto, la administración castellano-leonesa sigue sin tener previstas cuestiones tan obvias como un protocolo rápido de contratación y sustitución si un docente cae de baja y sus alumn@s se quedan sin docencia en la materia. Cuestión esta que no es baladí si se tiene en cuenta que antes del confinamiento fue uno de los sectores más expuestos a la pandemia por la propia naturaleza de su trabajo.

Resulta curioso que mientras a la mayor parte de los y las empleadas públicas se las tuvo en cuenta cuestiones tan esenciales como la conciliación de la vida familiar y laboral en el caso de tutelar a menores de 12 años o a personas dependientes, este derecho ha sido vulnerado al personal docente sin que a nadie le haya importado, sin que ésto sea reconocido por la propia Administración y sin que vaya a haber ningún tipo de compensación por los trabajadores que lo estén sufriendo.

A ese más que posible stress acumulado, se unen cuestiones de riesgos para la salud derivadas del uso obligatorio y masivo de todo tipo de dispositivo digital durante una ingente cantidad de horas y que hasta ahora no se habían contemplado y, lo que es peor, no parece que se vaya a contemplar a pesar de saberse que esto se prolongará no solo para este último trimestre sino quizás para los inicios del siguiente curso.

El desamparo en el que deja la administración educativa de Castilla y León a sus trabajadores llega también a las cuestiones de orden material. Cosas tan obvias como una mínima muestra de interés por parte de las direcciones de los centros y de los gestores políticos de las necesidades materiales de l@s docentes en sus casas a día de hoy siguen sin ser solucionadas.

Llama poderosamente la atención que un gobierno dirigido por dos partidos siempre dispuestos a sacralizar la propiedad privada, tienen a bien considerar los bienes personales del personal docente como bienes temporales de la propia administración como una suerte de expropiación con derecho a NADA: tablets, PCs, móviles… y si se te rompen, compra otro y rápido.

Por no contemplar, la Consejería no ha contemplado ni un servicio de reparaciones ni una triste tarjeta sim para que al menos el profesorado no tenga que exponer buena parte de su vida privada a las familias.

Y ¿qué decir del otro lado? También son muchos l@s docentes que están preocupad@s por la eficacia de su trabajo, a pesar de que de antemano la mayor parte reconoce que a distancia se enseña poco y, lo que es peor, se aprende menos que poco.

Denuncian que sigue sin contemplarse cuestiones tan obvias como el seguimiento por parte de las direcciones de los centros y de las inspecciones educativas de alumn@s que se han desconectado literalmente del sistema. La mayor parte de ell@s víctimas de lo que son víctimas sus familias: pobreza y marginalidad. Víctimas de una brecha material y sociocultural que se agranda aún más en estas circunstancias.

O qué decir de docentes y familias que vivan en muchas de las zonas rurales de Castilla y León que aún siguen sin cobertura digital: ¿cuál es la alternativa? Al parecer de momento ninguna.

O la lamentable situación de niños y niñas cuya única comida caliente diaria era la del comedor escolar, ahora cerrado. ¿Dónde está la administración dirigida por Rocío Lucas? Ni está ni se le espera…

Parece evidente que si el sistema está funcionando mínimamente no es por los gestores políticos, es más algun@s deberían de estar devolviendo al menos las nóminas de marzo y de abril a la vista de su trabajo, sino por el propio profesorado, un tanto deprimido al comprobar como la sociedad se está volcando con el personal sanitario mientras ell@s, segundo pilar básico de toda comunidad que se precie, sufren la inoperancia del sistema y la desidia de sus “jefaturas” sin que nadie parezca apreciar las lamentables y precarias condiciones de un trabajo que se ha multiplicado exponencialmente.

El coronavirus ha venido en el fondo a demostrar lo que ya intuíamos: que el sistema público está necesitado de cariño y debemos de obligar a que sea puesto como prioridad en la agenda política tras el confinamiento; que la mejor educación posible junto a la cultura deben de ser de nuevo respetadas como bienes esenciales básicos y deben de ser accesibles por igual a todas las personas; y que es necesario e imperioso un cambio valiente y revolucionario que adapte la enseñanza a las personas en sus diferencias y no al revés y que ofrezca no sólo la mayor calidad material posible sino la socialización de todos los conocimientos.

Solo de esta manera la verdadera igualdad social y la justicia serán posibles.

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