Por Coordinadora Feminista de Burgos
Hace seis meses el juez de Primera Instancia e Instrucción de la Palma del Condado abrió una investigación tras recibir la denuncia de cuatro temporeras, que estaban trabajando en la campaña de la fresa.
El denunciado era el propietario de la finca Doñana 1998 de Almonte, Antonio Mato, por acoso sexual.
Se dan en este caso algunas circunstancias añadidas que agravan la situación de indefensión de estas trabajadoras: son inmigrantes, pobres, con cargas familiares, que vienen solas a trabajar duramente en la campaña de la fresa para luego volver a Marruecos con el poco dinero conseguido tras duras jornadas de trabajo, muchas de ellas analfabetas y sin conocimientos de nuestro idioma: un colectivo de mujeres altamente vulnerable en el que se ceban sin ningún tipo de disfraz el capitalismo más salvaje, el patriarcado y el racismo.
Solamente cuatro de estas mujeres se atrevieron a poner la denuncia. Solo una pequeña muestra, el equivalente a la punta del iceberg que representa la violencia “visible” contra las mujeres. Sabemos que son muchas más mujeres las acosadas y explotadas. Sabemos que no es la única finca donde ocurren estos hechos, ni el único territorio.
Sabemos que el binomio explotación laboral/agresión sexual forma parte de la biografía de las mujeres trabajadoras desde que tenemos memoria. Pero ese binomio es especialmente cruel cuando, además de ser mujeres trabajadoras, somos inmigrantes, pobres, analfabetas y estamos solas.
Si en casos bien conocidos de agresión sexual se arroja sobre la víctima (española y de clase media) la sombra de la sospecha y se dictan sentencias misóginas, en casos como éste, en los que las víctimas necesitan una protección especial, dada su situación de vulnerabilidad e indefensión, la cosa se agrava: se las ha acusado de mentir para intentar quedarse en España de forma fraudulenta y se las considera una amenaza para el sector empresarial de la fresa de Huelva, que ve peligrar sus beneficios en el mercado extranjero.
Así el juez, “presionado” por el abogado defensor del empresario con este último argumento mercantilista, se ha negado a escuchar a las denunciantes, se ha negado a abrir nuevas diligencias para esclarecer el caso y ha decidido archivarlo.
¿Y qué etiqueta le podemos poner a esta decisión judicial? Injusta. Androcéntrica. Xenófoba. Misógina. Racista. Cómplice de explotación laboral y sexual. Despreciable.
Este poder judicial no nos representa y no nos sirve. Por eso lo denunciamos públicamente. ¡Basta ya de justicia patriarcal!
