26 mayo: Espacio Tangente 20 h. presentación Informe Colombia 2016.
Organiza ISI Iniciativa de Solidaridad Internacionalista
Estado de los Derechos Humanos en Colombia del 1º de enero/15, al 30 de marzo/16.
Colombia sigue afectada por el conflicto armado interno a pesar de los avances en la Mesa de Diálogos de La Habana, de la tregua unilateral de las FARC y del cese de bombardeos en las zonas bajo su influencia. En el 2015 se agravó la confrontación con el ELN y el EPL, se continuó violando el DIH con hechos graves como las ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada de personas, el minado de áreas de uso de la población civil, el emplazamiento de tropas, tanques y material de guerra en calles, escuelas, centros comunitarios, hospitales, propiedades campesinas, acueductos y viviendas de civiles.
El conflicto social crece por causa de la inequidad, la exclusión y la impunidad históricas. La política económica del gobierno impulsa los agronegocios y el sector minero-energético en detrimento de la economía campesina, agravando los problemas estructurales que originaron la guerra: la elevada concentración de la propiedad de la tierra, la renta, la riqueza y el ingreso en pocas manos, el despojo de las tierras de los campesinos, los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras.
La desigualdad afecta más a las mujeres y aún más si son indígenas, campesinas o negras. Se agravaron los ataques contra las mujeres en el ámbito doméstico y la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado.
El diálogo es el último recurso del gobierno ante la movilización social. El uso desproporcionado de la fuerza, la represión brutal de la protesta que exige justicia social deja muchos muertos, heridos, presos, perseguidos, daña de manera grave la confianza de las mayorías excluidas en las instituciones y erosiona el Estado de Derecho.
Hay más efectivos para la seguridad, pero no hay garantías para la vida y la labor de quienes defienden los Derechos Humanos. En el 2015 aumentaron las agresiones contra los más grupos vulnerables. 63 defensores de los Derechos Humanos fueron asesinados, incluidos 18 sindicalistas. Para la OACUDH “Las cifras superan el promedio de homicidios de los últimos 20 años”. (ACNDUH, 15 de marzo del 2016). La mayoría de los ataques los realizaron los grupos paramilitares que el gobierno llama Bandas Criminales o Delincuencia Organizada, que actúa con impunidad en muchas regiones y en alianza con miembros del ejército y de la policía nacional.
Una parte de la estigmatización que estimula la violencia contra quienes defienden Derechos Humanos, opositores políticos, dirigentes sociales y ambientalistas, proviene de medios masivos de comunicación propiedad de monopolios que ocultan la situación de los Derechos Humanos, la responsabilidad de la fuerza pública en violaciones masivas y sistemáticas de Derechos Humanos y la existencia del paramilitarismo.
Hay una fuerte re-paramilitarización en todas las regiones visitadas. Hay temor en las comunidades a lo que pasará cuando las guerrillas hayan dejado las armas y se generen vacíos de poder en los territorios que serían copados por los grupos paramilitares que el gobierno no se muestra eficaz en combatir. La insistencia de las autoridades en negar la existencia del paramilitarismo dificulta su combate y es una gran amenaza para la terminación del conflicto armado, para la reconciliación y para el ejercicio de libertades básicas en más de medio país.
La impunidad para las violaciones de los Derechos Humanos sigue siendo estructural y es elevada para delitos muy graves como las ejecuciones extrajudiciales cometidas por efectivos del ejército, que el Consejo de Estado en Sentencia del 7 de septiembre del 2015 reconoció como una práctica sistemática.
La fiscalía no investiga los ataques contra los defensores de los Derechos Humanos, por el contrario, los persigue para privarles de la libertad y castigarles por denunciar la inequidad, la impunidad, los abusos de la fuerza pública y de los empresarios que se benefician de la guerra. Se está abusando de la justicia para criminalizar la legítima protesta social y para encarcelar decenas de opositores sociales y políticos.
Es grave la situación ilegal, de trato cruel, inhumano y degradante para más de 122 mil personas en las cárceles y de manera especial para casi 4 mil prisioneros-as de guerra y prisioneros-as políticos-as.
Preocupa que el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno ejecuta políticas contrarias a lo pre-acordado con las FARC en La Habana, y de lo comprometido con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular durante las enormes movilizaciones agrarias del 2013 y del 2015.
A pesar de la instituc
ionalidad creada para atenderlas, es evidente el estado de abandono en que se encuentran decenas de miles de víctimas del conflicto armado interno.
Ante esta situación las organizaciones sociales colombianas y las víctimas piden a la Unión Europea:
Incidir de manera efectiva sobre el gobierno colombiano para que mejore la situación de los Derechos Humanos y otorgue garantías efectivas que protejan la vida y la labor de quienes defienden los Derechos Humanos.
Impulsar una política de cooperación de la Unión Europea que apoye de manera prioritaria los planes de vida y de desarrollo de las comunidades campesinas, indígenas, negras y de desplazados.
Apoyar como prioridad la reconstrucción del tejido social y organizativo rotos por la guerra.
Consideran que no sería justo con la población colombiana -que ha sufrido más de medio siglo de guerra- que la Unión Europea aprovechara la terminación del conflicto armado, la destrucción de las organizaciones sociales y la eliminación física de los opositores del neoliberalismo, para imponer planes de negocio revestidos como inversión para el desarrollo y para la paz sobre los territorios despojados con violencia, o sobre las áreas donde hay oposición organizada de las comunidades rurales.
Envían el mensaje de que la imposición de planes de inversión extranjera contrarios a los planes de vida comunitarios que se han esforzado en mantener a pesar de la persecución y de la guerra, generaría un nuevo tipo de conflicto que se supone no quieren los mecenas europeos de la paz y del respeto a los derechos humanos.
