Por Burgos Dijital
Viernes Negro desvela que las instalaciones del Centro de Recepción de Animales Salvajes de Burgos fueron financiadas en su totalidad por las empresas privadas BORAWIND, EOLIA, ACS y COLLOSA, algunas de ellas investigadas en lo que se ha dado a conocer como la trama eólica cuya comisión está bloqueada, con un coste total de 2.500.000 €. Se da también la circunstancia que COLLOSA había efectuado durante estos años pagos por trabajos sin determinar a los populares Vicente Martínez Pujalte y a Federico Trillo.
El colectivo de empleados públicos ha hecho pública una actuación irregular más de la Consejería de Medio Ambiente en nuestra provincia, una Consejería que parece más preocupada por el uso y disfrute de los fondos procedentes de la Unión Europea que de realizar una política destinada al bien común.
Esto resulta aún más preocupante si tenemos en cuenta que es la administración competente en asuntos tan serios para nuestro territorio como los permisos para la fractura hidraúlica o la gestión de un gran número de espacios naturales de los que disfrutamos en Burgos.
En este caso, los funcionarios han puesto sus ojos sobre la opacidad de la Fundación Patrimonio Natural, creada y dirigida por la Consejería de Medio Ambiente y que maneja un presupuesto de más de 10 millones de euros, y más concretamente en su gestión de los Centros de Recuperación de Animales Silvestres (C.R.A.S.).
Al parecer, la Consejería delegó esta tarea en la fundación aportándole de los presupuestos públicos un total de 1.826.174.49 € entre los años 2014 y 2019. Esta delegación de tareas se realiza a través de lo que se conoce como “encomienda de gestión” y para ello se explica a través de una memoria los compromisos de los trabajos a realizar y se hace un presupuesto justificativo detallando los recursos necesarios. Por otro lado, se determina que la fundación no utilizará ningún recurso público.
Las “encomiendas de gestión” fueron puestas en cuestión por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en un informe demoledor emitido en 2015, en el que se ponía de manifiesto, entre otras cosas, la falta de fiscalización pública de la entrada y salida de dinero y que la administración titular de la competencia pierde progresivamente el control sobre la misma.
En el asunto que nos ocupa el CRAS de Burgos, con sede en Albillos e inaugurado el pasado 25 de marzo del 2015 tras la altruista decisión de las empresas antes señaladas de pagar la infraestructura, no cumple con todos sus cometidos, puesto que buena parte del trabajo lo están realizando agentes forestales de la Administración al estar obligados por una instrucción del Jefe de Servicio de Medio Ambiente emitida un año antes y “curiosamente” no anulada, con lo que se desconoce donde va a parar el dinero público que acaba en la Fundación por una tarea que no realiza.
Según fuentes consultadas, estos trabajadores tienen que desplazarse en muchos casos a grandes distancias para realizar el transporte de los animales heridos durante sus horas de trabajo, por lo que ponen en riesgo la vida de los animales y restan horas a la vigilancia ante infracciones y delitos tan graves como la caza furtiva, el uso de venenos o los incendios. La situación resulta aún más escandalosa cuando nos han confirmado que este tipo de servicio por el que la Administración paga a la Fundación, cuyo Presidente es el Consejero de Presidencia Jose Antonio de Santiago-Juárez, se realizan incluso durante las guardias de incendios de los propios forestales, menguando la capacidad de la extinción de incendios.
El colectivo aprovecha también para dar a conocer a la opinión pública la imposibilidad del control público sobre todo el entramado de fundaciones creadas por la Junta. A modo de ejemplo explican que en ninguna de las webs consultadas existe información acerca de las donaciones que han recibido en los últimos años y qué empresas y particulares han sido los donantes, ni tampoco sobre las encomiendas y los presupuestos adjudicados por la Consejería.
Por ello han preguntado a Juan Vicente Herrera si las empresas que han realizado donaciones para la construcción del CRAS, junto a otras tantas donaciones desconocidas por la imposibilidad de acceder a la información, han recibido algún trato de favor para la concesión de parques eólicos en esta Comunidad.
Por último, apuntan que “la conservación del patrimonio natural es una misión objetivamente importante y más si cabe en una comunidad como la nuestra en la que los usos y la ordenación del territorio son estratégicos. En muchos casos es necesario contrastar las posibilidades económicas del territorio con el impacto ambiental que de ellas pudiera derivarse, con lo que la Administración debe de tener una medida equidistancia con los intereses privados”
¿Cómo es posible entonces que esta misión tan importante como la conservación del patrimonio natural de C y L, sea encomendada a una fundación creada ex profeso que oculta información que debiera ser pública?
