Eladio Perlado fue parlamentario y procurador en Cortes Franquistas durante siete legislaturas seguidas
Por Luis Castro
A casi diez años de la Ley de Memoria Histórica y a ocho décadas de la Guerra civil –momento en que se pusieron algunos de los nombres franquistas que aún afean las esquinas del viario– el Ayuntamiento de Burgos ha decidido suprimir esas referencias del callejero, así como ciertas distinciones del mismo signo.
Más vale tarde que nunca. Pero precisamente por eso, porque es tarde, convendría no alargar innecesariamente el proceso. Nombrar una comisión de expertos solo va a retrasar la decisión final, como se está viendo en otras ciudades y también aquí. “La comisión decidirá en octubre el cambio de calles y honores franquistas”, leo en Diario de Burgos, y añade que la decisión se tomó el pasado abril. Se podría discutir sobre la competencia de los miembros de esa comisión o sobre su relación, o falta de ella, con el movimiento memorialista o con las víctimas del franquismo; pero no es esa la cuestión.
El error es, creo, enfocar un asunto de carácter político como si fuera algo más bien académico, obviando que la decisión política fue lo determinante cuando se pusieron esos nombres afines al llamado Movimiento Nacional, como lo será en el momento en que se sustituyan por otros más acordes a nuestra sensibilidad actual. Desde ese punto de vista, hubiera sido más lógico pedir la opinión de entidades y asociaciones memorialistas y de familiares de víctimas. Por suerte, Burgos es uno de los lugares de España con más sensibilidad y activismo en ese sentido.
Pero es que, además, un ayuntamiento no tiene por qué recurrir a instancias externas a la hora de considerar este tipo de asuntos. Desde mayo de 1979, cuando se constituyeron las primeras corporaciones democráticas, en miles de lugares de toda España, incluido Burgos, se han ido cambiando la toponimia y la simbología de los espacios públicos. El asunto se ha venido solventando en las comisiones de régimen interior que dictaminaban algo luego ratificado en pleno. Cualquier concejal, o su partido, tiene o debe tener elementos de juicio para saber, por ejemplo, qué o quién fueron Eladio Perlado, fray Justo Pérez de Urbel, Luis Carrero o el Fuero del Trabajo de los Españoles. O debe averiguarlo si no lo sabe; no es algo más complejo que muchas otras cosas que se deciden cada día en las comisiones municipales.
Como en tantos otros sitios, el Ayuntamiento de Burgos ya abordó parcialmente este tema en la transición y luego en 1999, siendo alcalde Ángel Olivares. Si a la tercera va la vencida, convendría solventar la cuestión rápida y definitivamente. ¿Será el caso? Veo que el la moción que inicia este proceso se indicaban quince nombres de calles o barriadas y que ahora, parece ser, se limitará el estudio de ese brain trust a tan solo diez. Pero, se mire como se mire, las calles de Burgos están plagadas con muchos más nombres ignominiosos. Como en tantos otros sitios, o un poco más, se podría decir, algo comprensible teniendo en cuenta la historia de Burgos desde 1936 en adelante, al menos hasta la “era Peña”.
Fray Justo Pérez de Urbel. Fue primer abad del Monasterio de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y consejero nacional del Movimiento
Examino por encima las primeras letras del callejero y me asaltan nombres como conde de Guadalhorce, general Sanjurjo, general Vigón, Bonifacio Zamora, arzobispo Platero, alcalde Fernando Dancausa, José María Codón Herrera y arzobispo de Castro. Otros tantos miembros de esa pléyade de servidores del Caudillo y de su dictadura, ya fuera en el ámbito político o en el militar; en el laico o en el eclesiástico; en el local o en el nacional, alguno de ellos en más de una de esas funciones. (Solo me asalta la duda del nombre de “la Coronela”, pues no sé si se refiere a Urraca Pastor, jerarca del tradicionalismo carlista).
Y hay otro aspecto que no sé si las comisiones –la de régimen interior y la de expertos– van a tener en consideración. A la hora de defender una memoria histórica democrática no solo se trata de repudiar los elementos que pugnen con los derechos humanos y los valores democráticos que se supone inspiran a nuestra sociedad y su constitución política, sino de a la vez reivindicar aquellos otros que en su momento se distinguieron por la búsqueda y defensa de esos valores, incluso dando su vida en algún caso.
Rafael Benjumea y Burín , Conde Guadalhorce. El general Franco le otorgó la presidencia del Consejo de Administración de Renfe
Vale decir que la II República fue el principal, si no único, antecedente del sistema político actual y que se sustentaba en principios semejantes: amplio catálogo de derechos políticos y sociales, separación de poderes, igualdad de sexos, autonomía territorial, etc. Por consiguiente, es decente, legítimo y justo dar el reconocimiento simbólico que merecen a algunas de esas personas que fueron asesinadas por el mero hecho de actuar conforme a sus ideales dentro del marco plural del republicanismo. Por poner dos ejemplos, uno civil y otro militar, hablo de personas como Julián Fagoaga, último gobernador civil republicano, y del general Domingo Batet, ejemplo de militar fiel a la República en las circunstancias más diversas. Pero hay que recordar también a personas menos conocidas o ya casi olvidadas (no, obviamente, por sus familias y allegados), como el concejal Pedro Rodríguez, los cenetistas Neira y Espinosa, Paulino Palazuelos, Juan Peñalver, el exiliado Moisés Barrio y tantos y tantos otros.
Si la comisión que se reúne en octubre aborda el problema con libertad de criterio y seriedad, estudiando todas estas circunstancias, quizá llegue a las navidades sin haber terminado su trabajo. Pero si los grupos municipales se toman el serio de una vez el asunto, se podría acabar mucho antes, evitando que vuelva a resurgir dentro de otros 15 o 20 años. Ya hemos esperado demasiado.
