ASUFIN presenta querella contra el Banco Popular y PWC

  • Sus consejeros aumentaron su retribución del 326% pese a los graves problemas de la entidad

  • ASUFIN se querella también contra PWC porque sus auditorías justificaron la solvencia irreal de la entonces sexta mayor entidad financiera de España

  • Se ha detectado la constitución y el mantenimiento de una Sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán durante 16 años.

ASUFIN se querella contra los anteriores consejeros de Banco Popular y PWC por fraude de inversores, falsedad de cuentas, administración desleal y delito contra la Hacienda Pública, después de seis semanas de investigaciones.

Patricia Suárez, presidenta de ASUFIN, justifica este período de tiempo porque “había que presentar una querella consistente, con pruebas contundentes y con largo recorrido. La oferta de compensación del Santander a los accionistas minoritarios es una prueba más de que ha habido irregularidades que todos los ciudadanos y contribuyentes tenemos derecho a conocer”.

Para un procedimiento tan relevante, Asufin ha depositado su confianza en expertos con larga trayectoria en la defensa de los consumidores bancarios, tanto en el ámbito penal como en el civil. Concretamente, Carme Herranz, Oscar Serrano (Col·lectiu Ronda) y Almudena Velázquez (Red Abafi).

Desde que el 7 de junio Banco Santander adquiriera por un euro el 100% del capital social del Banco Popular garantizando los depósitos de las cuentas corrientes pero dejando sin ahorros a más de 300.000 bonistas y accionistas, ASUFIN recibió un aluvión de llamadas de afectados y decidió investigar a Banco Popular para determinar si había delito en algunas de sus actuaciones.

La muchas veces contradictoria información registrada en organismos oficiales y las limitaciones propias de una Asociación de consumidores han dilatado estas investigaciones de los peritos que finalmente, tras analizar todos los informes, han llegado a la conclusión de que existen indicios de la comisión de los siguientes delitos:

FRAUDE DE INVERSORES Y FALSEDAD DE CUENTAS.

Se han detectado omisiones muy relevantes en la información facilitada a la CNMV en relación a la verdadera situación de Banco Popular, al menos desde las cuentas de 2015, razón por la que la Comisión requirió en 2016 a la entidad para que facilitara las valoraciones de los activos inmobiliarios y los GAP. Esta información sólo se facilita con posterioridad a la emisión y suscripción de la ampliación de capital evitando a los inversores conocer que Popular ya se encontraba con patrimonio negativo de 464 millones de euros.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL. INCREMENTO DE LAS RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE UN 326%.

Entre los años 2015 y 2016 las retribuciones de los Consejeros aumentaron en un 326%, justo en el momento en el que la entidad se debatía entre calificarse de solvente o no, para posteriormente abandonar la gestión.  El incremento de este concepto de gasto pasó de 5.285.000 millones en 2015 a 22.540.000 en 2016, con una variación de 17.355.000 millones de euros Además, se amortizaron las cédulas hipotecarias que les permitían obtener ingresos, quedándose, sin embargo, con el riesgo de las hipotecas que servían de subyacente a dichas cédulas.

DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA.

Se ha detectado la constitución y el mantenimiento de una Sociedad radicada en el paraíso fiscal de las islas Caimán durante 16 años. Su fin era la emisión de participaciones preferentes y con ella se evitaba declarar en su Impuesto de Sociedades los ingresos de esa suscripción. Llama la atención que esta sociedad se haya mantenido tanto tiempo cuando hay deuda subordinada emitida por otras sociedades ya radicadas en España, por lo que hay sospechas de que tuviera otros fines. Por ello, en la querella se solicita una Comisión Rogatoria a las Islas Caimán para que aclare el verdadero papel de BPE INTERNATIONAL LTD, que es como se denomina la filial de Banco Popular en dicho paraíso fiscal y su impacto tributario en España.

La querella de ASUFIN se formula contra los anteriores Consejeros de Banco Popular y contra la auditora PWC, que ha tenido una conducta que sólo puede calificarse de “consentidora” o de “beneplácito” frente a la deriva que iba tomando la entidad. Para la Asociación de Usuarios Financieros, la auditora ha contribuido al perjuicio económico de los clientes del popular cuyos bonos y acciones no valen nada (salvo la compensación que les ofrece el Santander) al haber justificado con sus auditorías las acciones del banco. PWC, pese a tener conocimiento de los ya comentados requerimientos de la CNMV que obligaron a Banco Popular a comunicar como hechos relevantes reajustes que mostraban la situación de patrimonio neto negativo y el desajuste de las provisiones efectuadas, no lo consideró importante para reformular las cuentas.

Dado que la Sociedad creada por Banco Popular en las Islas Caimán es auditada unas veces en la filial de PWC en dicho paraíso fiscal, otras en España y en algunas ocasiones con una firma ilegible, los peritos de ASUFIN consideran que esta actitud permitió al banco la huida hacia delante y el colapso actual, ya que eran esas auditorías la que justificaban su solvencia irreal.

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